Por entonces, se incendiaron ingentes territorios en humedales, hechos en los que se pudo probar la intencionalidad de los mismos. La presunción, entonces, era la tendencia al uso de esos ecosistemas para el desarrollo inmobiliario. Es así que se impulsó una reforma a la Ley de Manejo del Fuego Nº 26.816 intentando frenar la destrucción de esos humedales.
La norma, que la Mesa de Enlace de Entre Ríos declaró entonces como “un mamarracho”, dispone que “en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural” se prohíbe en esos predios, por el término de 30 años, “la realización de emprendimientos inmobiliarios; cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera como habitual en el momento del incendio y la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas de agricultura intensiva, excepto en los casos que dichas prácticas antecedan al evento”.
La iniciativa, de Máximo Kirchner, fue acompañada por 132 votos a favor (de seis bloques diferentes), 96 negativos y 4 abstenciones. La expresión de Juntos por el Cambio la rechazó por considerarla un avance sobre la propiedad privada. Y el presidente Javier Milei, ya en campaña, prometió su derogación con igual argumento.
En contra
Para Farer, la norma aplica “castigos en lugar de soluciones” y supone “”injusticia, arbitrariedad y desconocimiento”, según el texto que difundió Dos Florines.
Afirman que la reforma “nunca presentó respaldo técnico, ni desde el más mínimo sentido común, y fue edificada desde un desconocimiento total de la problemática rural, con absoluta arbitrariedad y con profundas fisuras jurídicas”.
Para los firmantes del documento “la ley actual considera de antemano que existe una presunción de intencionalidad, condenando a quien sufrió un accidente en su campo, sin tener derecho mínimo a la defensa”.
Se asegura que lo que exhibió la sanción de la ley fue “la incapacidad del Estado para controlar el fuego”.
El documento apunta que “en este escenario, y a partir de algunas voluntades legislativas que irían tras la derogación de la Ley, como así también la promesa realizada en el mismo sentido por el presidente Milei en diciembre de 2023, resulta necesario al menos rever los artículos que conspiran contra la producción”.
Se pide que se tenga en cuenta que los puntos en cuestión “aplican castigos en lugar de soluciones, ya que las modificaciones introducidas conllevan en su seno injusticia, arbitrariedad, desconocimiento, y no consiguen, de modo alguno, ir tras una solución al problema de origen”.
Fuente: Página Política
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