Innumerables casos se cuentan, en su mayoría en redes sociales y foros alojados en las mismas, de solicitantes al bono de Anses que no accedieron al mismo por razones completamente injustificadas, erróneas y esto se suma al hecho de que realizar un reclamo ante el organismo estatal se hace muchas veces complicado, en ocasiones imposible en pueblos, parajes o ciudades pequeñas donde no hay una sucursal de Anses y el sistema requiere sí o sí la presencialidad.
Ahora bien, según el gobierno nacional hay 13,6 millones de beneficiarios en un país con algo más de 47,3 millones de personas. Esto representa el 28,75 % de la población (algo que refleja, per se, la situación lamentable de nuestro país. Sin embargo, el número de rechazados es asombroso, lo que nos hace preguntarnos: ¿Qué está pasando?
Las razones, válidas o no, que marca el Anses en su sitio para la no aprobación de este beneficio son las siguientes, según han ido posteando sus solicitantes:
-No cumplir con «requisito de residencia» (???)
-Poseer prepagas, obras sociales.
-Superar los 3 sueldos mínimos en el ámbito familiar.
-Poseer vehículos o embarcaciones.
Con este plano, parece que la única opción viable para que se pueda obtener justicia para estas negativas injustificadas es el reclamo masivo mediante el común acuerdo de los y las solicitantes, lo que lleva obviamente a un desorden ciudadano que el estado no desea. Si bien esta situación ya se está dando en algunas ciudades, existe el antecedente de los recordados IFE del año inicial de la pandemia, 2020, donde ya hubo casos de gente con reclamos totalmente válidos ante la negativa, que nunca obtuvieron respuesta. Veremos qué pasa.
(Redacción NV)
Según el Gobierno nacional, el bono, a pagarse en dos cuotas mensuales de $9.000, incluía a los siguientes grupos:
– Trabajadores y trabajadoras que perciban ingresos por el desarrollo de actividades laborales informales y no registradas y sus ingresos no superen dos salarios mínimos.
– Personas que se encuentren en situación de desempleo.
– Trabajadores y trabajadoras con contratos de relación de dependencia registrados durante el período de reserva de puesto, a excepción del sector público nacional, provincial, municipal y de la ciudad de Buenos Aires.
– Monotributistas inscriptos e inscriptas en las categorías A y B y sociales.
– Trabajadores y trabajadoras de casas particulares.
































