El debate por la modificación de la Ley de Glaciares sumó una fuerte participación ciudadana y generó reclamos en el Congreso para ampliar las instancias de discusión.
Más de 18.000 personas se inscribieron para participar en la audiencia pública convocada en la Cámara de Diputados para debatir el proyecto que modifica la Ley 26.639, que establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.
Ante esta alta participación, legisladores de distintos bloques opositores solicitaron que se extienda la duración de las audiencias públicas para garantizar que más ciudadanos puedan intervenir en el proceso de discusión legislativa.
🏛️ El pedido de la oposición en Diputados
El planteo fue realizado por los diputados Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Sabrina Selva (Unión por la Patria) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas), quienes enviaron una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a las autoridades de las comisiones que tratan el proyecto.
Los legisladores argumentaron que el formato previsto —dos jornadas de nueve horas con exposiciones de cinco minutos por participante— permitiría que hablen alrededor de 216 expositores, una cifra muy inferior al total de personas registradas.
Por ese motivo, pidieron ampliar las audiencias para garantizar una participación “amplia y efectiva”, en línea con los estándares establecidos por el Acuerdo de Escazú, que promueve la participación ciudadana en decisiones ambientales.
🌎 Debate sobre una ley clave para el ambiente
El proyecto que se debate en el Congreso propone modificar la Ley de Glaciares, sancionada en 2010, que protege estos ecosistemas al considerarlos reservas estratégicas de agua dulce y prohíbe actividades que puedan afectar su estado natural.
El tratamiento de la iniciativa genera fuertes discusiones entre sectores políticos, organizaciones ambientales y representantes de la industria minera, ya que algunos cambios propuestos podrían habilitar nuevas actividades productivas en zonas actualmente protegidas.
Las audiencias públicas están previstas para fines de marzo y forman parte del proceso previo a la elaboración del dictamen que luego deberá tratarse en el recinto de la Cámara de Diputados.
Fuente: APF
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