Nación reglamentó el Régimen Penal Juvenil: Cómo se aplicará desde los 14 años

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El Gobierno nacional reglamentó este lunes el Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley 27.801, que alcanza a adolescentes desde los 14 años y hasta las cero horas del día en que cumplen 18, cuando sean imputados por un hecho considerado delito. La nueva normativa establece mecanismos de seguimiento, asistencia a las víctimas y coordinación entre Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

La reglamentación fue establecida mediante el Decreto 875/2026, firmado el 4 de septiembre, que designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación para los ámbitos nacional y federal. La Ley 27.801 había sido sancionada el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. Su entrada en vigencia fue fijada para 180 días después de esa publicación y el decreto dispone que ambos comiencen a regir conjuntamente.

Un aspecto central es que la edad de 14 años no fue establecida por el decreto, sino por el Congreso al aprobar la ley. Para determinar si un adolescente queda alcanzado por el régimen, se toma en cuenta la edad que tenía al momento de cometer el hecho.

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Qué sanciones contempla el nuevo régimen

El objetivo del Régimen Penal Juvenil es fomentar en los adolescentes imputados el sentido de responsabilidad legal por sus actos y procurar su educación, resocialización e integración social.

La normativa no establece que todos los adolescentes alcanzados deban cumplir una pena de prisión. El sistema contempla distintas respuestas judiciales, entre ellas amonestaciones, restricciones de contacto o de circulación, trabajos o servicios en beneficio de la comunidad, monitoreo electrónico, reparación del daño y penas privativas de la libertad.

En caso de que se determine una pena de prisión, la ley prohíbe expresamente las penas de reclusión o prisión perpetua. El máximo de privación de la libertad previsto para los adolescentes es de 15 años.

Supervisores especializados para el seguimiento

Uno de los principales mecanismos previstos es la incorporación de supervisores especializados, que tendrán a su cargo el seguimiento, la asistencia y el control de los adolescentes cuando un juez determine determinadas medidas o penas.

Entre sus funciones estará mantener entrevistas semanales con el adolescente y elaborar informes mensuales sobre su educación, formación, actitud y evolución. También deberán trabajar de manera coordinada con los demás profesionales que participen en cada caso.

Para los procesos de competencia nacional ordinaria y federal, el Ministerio de Justicia creó el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil.

Los profesionales que quieran integrar ese registro deberán contar con un título terciario o universitario relacionado con educación, pedagogía infantojuvenil, psicología o trabajo social, o con formación académica específica en adicciones. Además, tendrán que acreditar al menos dos años de ejercicio profesional, aprobar una capacitación inicial obligatoria en justicia penal juvenil y derechos de niños y adolescentes y realizar actividades de formación continua cada año.

También quedarán excluidas las personas que tengan determinados procesamientos o condenas penales o que figuren en registros vinculados con hechos de violencia contra mujeres, niñas, niños o adolescentes.

Mientras se conforma el registro definitivo, el Ministerio de Justicia elaborará un listado provisorio de profesionales. La primera convocatoria pública deberá realizarse dentro de un plazo máximo de 180 días desde la entrada en vigencia del decreto.

En cada proceso de competencia nacional ordinaria o federal, será el juez quien seleccione al supervisor entre los profesionales habilitados.

En las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sistema podrá tener diferencias. La Ley 27.801 establece que cada jurisdicción deberá regular los mecanismos de nombramiento, remoción y sanción de sus supervisores, aunque siguiendo los lineamientos generales establecidos por el régimen nacional.

Asistencia para las víctimas de los delitos

La reglamentación también estableció mecanismos específicos para asistir a las víctimas de delitos cometidos por adolescentes.

El Ministerio de Justicia deberá poner a disposición equipos interdisciplinarios integrados por psicólogos y trabajadores sociales. Además, tendrá que coordinar con la Defensoría General de la Nación los mecanismos necesarios para garantizar el patrocinio jurídico gratuito previsto en la ley.

Otro de los puntos definidos es el tratamiento de la información vinculada con las penas impuestas a adolescentes.

Cuando un adolescente reciba una pena bajo este régimen, el juez deberá comunicar la decisión al Registro Nacional de Reincidencia, que contará con una sección especial para las personas alcanzadas por la Ley 27.801.

En esa sección se registrarán las sentencias y resoluciones firmes, además de sus eventuales modificaciones, sustituciones, suspensiones, revocaciones y extinciones.

La información tendrá carácter reservado y solamente podrán acceder a ella las personas autorizadas de acuerdo con la normativa vigente.

Coordinación entre distintos ministerios y las provincias

El decreto también creó el Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, integrado por representantes de los ministerios de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud.

El organismo tendrá entre sus funciones coordinar las políticas de prevención, abordaje y reinserción, además de articular la ejecución de las penas en las áreas que correspondan a cada ministerio.

A su vez, se conformará una Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, que funcionará como espacio de articulación entre el Gobierno nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

El objetivo será intercambiar experiencias, armonizar criterios técnicos y procesales y facilitar convenios de cooperación entre las distintas jurisdicciones.

De esta manera, la reglamentación establece los mecanismos necesarios para poner en funcionamiento el nuevo Régimen Penal Juvenil, desde el seguimiento de los adolescentes y la asistencia a las víctimas hasta la capacitación de los profesionales y el registro reservado de las decisiones judiciales firmes.

Fuente: Análisis Digital

 

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