El jefe de Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, le respondió a los organismos de Derechos Humanos, que habían cuestionado el creciente índice de violencia institucional en la provincia, con casos de gatillo fácil que involucran a la fuerza y dijo: «No es verdad que todo sea gatillo fácil o intervención ilegales, quieren mostrar una realidad que no es tal».
El sábado, diario Uno reprodujo declaraciones de Masilein a Radio La Voz en las que afirmpó: «La verdad que estoy un poco cansado y abrumado por la cantidad de chicanas y críticas que recibimos de algunos sectores, que de una forma u otra tratan de vender esto que tienen armado ellos, y que existe una policía autoritaria, que no cumple con la Constitución y que comete delitos; nos posicionan como si estuviéramos en el pasado, 45 años atrás, como que somos unos brutos, unos ignorantes».
«Es seguro que se pueden cometer errores, y este año hicimos 6.000 detenciones, y si hubo algo que investigar hacia adentro asumimos esos errores, y en la mayoría de los casos nos sirven para corregir, mejorar, para capacitar de mejor manera a nuestro personal. Pero por los dichos de estos grupos, pareciera que están apretando al Gobernador o la Ministra para crear una oficina de un comité sobre tortura. Al menos por la insistencia que dicen algunas situaciones que no son reales, es como que buscan ese fin».
El titular de la fuerza policial entrerriana, entendió: «Tienen una ideología formada, de reclamar por los Derechos Humanos, y eso está muy bien, pero creo que solamente se acuerdan que están para la persona que comete delitos. No se acuerdan de la gente que está en la calle, criaturas con hambre, policías que pierden la vida en el cumplimiento del deber; ni siquiera les las condolencias a nuestras viudas ni a la familia. Se olvidan parece de todo esto. Ellos ven un uniforme y ven fantasmas por todos lados, ven un cartero uniformado y ya les causa pánico».
Fue en respuesta al duro documento que emitió la la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher), que reclamó al Gobierno que “frene el alarmante incremento de la violencia institucional”, cuestión que cobró vigencia con el hallazgo, el lunes 27, del cuerpo del joven José Luis González, de 22 años, cuya desaparición ocurrió el domingo 19 del actual, hecho en el que quedó bajo sospecha la intervención de funcionarios policiales de la Comisaría 8ª.
“Tanto en el caso de Iván Pérez como en el de Gabriel Gusmán, ambos víctimas de casos de gatillo fácil durante ésta gestión de gobierno, distintos funcionarios policiales con cargos en la fuerza policial admitieron en investigaciones judiciales que la Policía de Entre Ríos no recibe entrenamiento ni capacitación en manejo de armas de fuego, lo que es de una gravedad institucional sin precedentes y de lo cual ningún funcionario público ni legislador provincial ni poder del Estado solicitó informe sobre ello a la autoridad correspondiente ni ninguna otra acción que dé cuenta de la gravedad que esta realidad implica, al pretender justificar corporativamente la muerte de dos jóvenes en nuestra provincia por balas policiales”, señaló el pronunciamiento.
Enterados de las declaraciones de Masilein, los organismos de Derechos Humanos fustigaron sus dichos y dijeron que “evidencian un peligroso desconocimiento de la lucha y construcción de los derechos humanos en nuestro país como pilares de la democracia”.
“El 30 de diciembre último esta Red dio difusión a un documento en el que planteamos la preocupación sobre la escalada de hechos de violencia institucional en nuestra provincia y la urgente y necesaria implementación del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura como órgano de control que coadyuve al diseño de políticas públicas y en la prevención de hechos que vulneren los derechos humanos. Ante ello, el jefe de la Policía de Entre Ríos hizo declaraciones banalizando los crímenes que comete su fuerza profundizando la confusión y corriendo el eje de lo que denunciamos: crímenes del Estado provincial en manos de las fuerzas de seguridad”, indicó.
“Es obligación del gobernador (Gustavo Bordet), como autoridad máxima de la provincia, tomar nota con urgencia de la gravedad de estos dichos, sancionando al responsable de la Policía de la Provincia y aclarando hacia la ciudadanía los conceptos centrales y universales de derechos humanos”, indicaron. “Nuestra provincia corre el riesgo de adherir de manera simbólica a la doctrina Chocobar que se implementó en el gobierno de Mauricio Macri, si no se reacciona de manera contundente ante las infundadas declaraciones del jefe de la Policía”, plantearon.
“Estas declaraciones son muy caras a nuestra democracia y deberían ser repudiadas por todo el arco político”, dijeron.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora
