Alberto Fernández había señalado horas después de terminadas las elecciones legislativas que el plan se presentaría en la primera semana de diciembre. Ahora el Gobierno apunta a que ocurra a mediados de mes, aunque evita dar mayores precisiones. Hoy la plana mayor del oficialismo se muestra más alineada detrás del objetivo de acelerar la negociación. Martín Guzmán sería el encargado de exponer los detalles de las planillas anexas que acompañarán el proyecto de ley que discutirá el Parlamento, donde se plasmarán las metas macroeconómicas para los próximos años acordadas con el Fondo. Los lineamientos del futuro programa marcarán la política económica argentina durante largo tiempo y serán revisados periódicamente por los técnicos de Washington.
Con todo, la presentación del plan plurianual será el primer paso de una secuencia que incluirá la firma por parte de Guzmán y Miguel Pesce de la carta de intención para el programa de Facilidades Extendidas (EFF por su sigla en inglés) a diez años de plazo que hoy está en negociación, la votación en el Congreso y la discusión en Directorio del FMI, donde las sillas de las principales potencias son las determinantes. Esto hace esperar que el proceso continúe más allá de fin de año.
En el medio, el board tratará también la evaluación del crédito stand by por u$s57.000 millones que el organismo le otorgó a Mauricio Macri en 2018 (de los cuales se llegaron a desembolsar unos u$s45.000 millones) y el pedido de revisión de las sobretasas que pagan los países que contrajeron préstamos por un monto superior al que habilita su cuota, como el que pesa sobre Argentina.
En ese marco, la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, le dijo a la agencia Reuters el viernes previo a la llegada de la comitiva gubernamental que “todavía queda mucho por hacer” de cara al acuerdo. En el Ejecutivo no leyeron estas declaraciones como un paño frío a la negociación sino como una expresión de ambigüedad propia de la burocracia de los organismos multilaterales.
Por lo pronto, persisten puntos de tensión con una entidad abocada a elaborar programas de ajuste, algo que el Gobierno promete que no ocurrirá esta vez. Como adelantó Ámbito semanas atrás, uno de los principales focos de discordia es el ritmo de recuperación de la actividad pautado para 2022. Guzmán busca plasmar una proyección de crecimiento del 4% que dé continuidad a la reactivación de una economía que este año se expandirá casi 10% (un número similar al de la caída de 2020) y dejará un arrastre de casi 3% para el próximo. El FMI plantea un alza del 2,5%, que en los hechos sería un estancamiento en niveles similares a los que dejó la recesión de Cambiemos. El razonamiento es que un crecimiento mayor elevaría las importaciones y dificultaría la acumulación de reservas, que es la gran obsesión del Fondo para garantizarse el repago de la deuda. Los técnicos argentinos sostienen que habrá dólares suficientes como para garantizar el 4%.
Una de las vías por las que el ministro espera recibir divisas, además de un alza de las exportaciones, es la llegada de un mayor caudal de financiamiento desde bancos multilaterales. Fuentes oficiales se entusiasman con la posibilidad de recibir unos u$s5.000 millones netos el próximo año, como contó este diario. Estos desembolsos, dirigidos a fondear proyectos de infraestructura y programas sociales, son también la carta que esperan conseguir para cubrir parte del déficit primario del año entrante y reducir el peso de la emisión monetaria en el financiamiento del Tesoro.
Justamente, el sendero fiscal y monetario es otro de los puntos de discusión con el FMI. Guzmán proyecta alcanzar un 3,3% del PBI de rojo primario en 2022 a partir de un descongelamiento de las tarifas y una reducción de los subsidios, pero sin resignar partidas de obra pública. Pese a la crisis social que atraviesa el país, el organismo pide un ajuste más acelerado (que sería aún mayor si el PBI proyectado es más bajo, como plantea el Fondo) pero, sobre todo, una drástica reducción de la asistencia del BCRA al fisco. Las otras grandes aristas de la negociación son las metas de inflación, de evolución del tipo de cambio oficial (el consenso es que no haya un salto, afirman los funcionarios) y la reducción de la brecha cambiaria.
Es lo que debate la comitiva integrada por el viceministro de Economía, Fernando Morra; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; el subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi; el vicepresidente 2° del Central, Jorge Carrera; y el subgerente de Investigaciones del BCRA, Germán Feldman.
Fuente: Ambito.
