El 18 de diciembre último, el Gobierno nacional estableció a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia la “emergencia del sector energético nacional” hasta el 31 de diciembre de 2024.
Además, esta semana convocó a audiencias públicas para definir los aumentos a los servicios de luz y gas, que se aplicarán en los próximos meses. En paralelo, usuarios de telefonía móvil e internet continuaron en enero recibiendo facturas con subas, mientras que la devaluación del peso impactó en los servicios de streaming.
En esta nota te contamos cuál es el camino para la definición del aumento en los servicios de luz y gas y qué pasó con los precios de los planes de telefonía móvil, internet y las plataformas de streaming.
¿Cómo y cuándo se define el aumento de la tarifa de luz?
Como se explica en esta nota, la factura de luz está compuesta por 3 segmentos: el costo de la generación (lo que cuesta producir la energía), el transporte (el sostenimiento de la infraestructura de las líneas de alta tensión) y el Valor Agregado de Distribución (los costos de las empresas distribuidoras, encargadas de brindar el suministro a los usuarios, de pagar los valores de generación y transporte, y de cobrar las tarifas).
El Gobierno nacional define, a través de audiencias públicas, los precios de generación y transporte para todo el país, y el valor de distribución (VAD) de las compañías Edenor y Edesur (que prestan servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires). El valor del VAD en el resto del país es definido por cada provincia.
Como el precio mayorista no alcanza para cubrir los costos de generación de la energía, la diferencia es saldada por el Estado a través de Aportes del Tesoro Nacional. Es decir, es subsidiado por el Gobierno.
¿Qué pasará con el costo de la energía eléctrica este año? El Gobierno nacional convocó a 2 audiencias públicas: en la primera, que se realizará el 26 de enero, se debatirá el valor de las tarifas para los usuarios de Edesur y Edenor. En tanto, el 29 de enero se pondrá en discusión el valor del transporte de energía, que impactará en todo el país.
La Ley Nº 24.065 establece que el mecanismo de revisión de las tarifas se inicia cuando las empresas solicitan al Gobierno nacional la aplicación de un aumento en función de sus costos de producción. La propuesta de las compañías debe debatirse en una audiencia pública en la que participarán representantes de empresas, del Gobierno y de los usuarios.
El resultado de la audiencia es no vinculante: es decir, el Gobierno no está obligado a aplicar los aumentos pedidos por las empresas o por los usuarios.
La realización de audiencias públicas es obligatoria, según lo dispone la ley. En 2016, luego de que la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos) dispuso aumentos en las tarifas de gas sin realizar una audiencia pública, la Corte Suprema de Justicia anuló la medida al sostener que no tenía validez por no cumplirse con ese trámite.
Como se explica en esta nota, las tarifas del servicio eléctrico se encuentran segmentadas según el nivel socioeconómico de los usuarios: aquellos que se encuentran en el nivel más alto o renunciaron voluntariamente al beneficio ya no reciben subsidios, mientras que el resto de la población se divide en 2 grupos y, según su condición económica, reciben un mayor o menor porcentaje de subsidios.
De acuerdo con los datos de la empresa mixta Cammesa (la distribuidora mayorista de energía eléctrica), hacia fines de 2023 el Estado cubrió el 60% del costo total de la energía. Es decir que los usuarios a través de las tarifas pagaron, en promedio, el 40% de lo que costó efectivamente producir la electricidad que consumieron.
El economista Nicolás Arceo, director de la consultora Economía y Energía y ex vicepresidente de Administración y Finanzas de YPF entre 2012 y 2015 (segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner), aseguró a Chequeado que las tarifas de los servicios públicos se encuentran retrasadas: “En 2023 hubo un abaratamiento brutal de las tarifas, debido a la decisión del Gobierno de suspender los aumentos a partir de abril, la devaluación del dólar y la inflación”, señaló.
¿Qué va a pasar con la tarifa del gas?
En el caso de las tarifas de gas, el Gobierno convocó a una audiencia pública para el 8 de enero, en la que se debatirá un aumento en los precios del transporte y la distribución del gas natural. Además -y a diferencia del caso de la electricidad- se pondrá a consideración un mecanismo de aumento mensual de las facturas.
En el caso del gas natural, el Gobierno nacional establece el valor mayorista y las distribuidoras se lo trasladan al usuario, junto con los costos de distribución, que también deben ser autorizados por la administración nacional.
A diferencia del sistema eléctrico -en el que cada provincia tiene la concesión de la distribución de energía y por ende cuenta con la facultad de definir el precio del servicio-, en el caso del gas es el Gobierno nacional el que autoriza el valor de las tarifas para todas las distribuidoras del país.
Los últimos datos disponibles del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) muestran que en promedio el Estado nacional asumió en 2023 el 67,3% del total de la tarifa.
¿Qué implica la “emergencia energética” que decretó el Gobierno?
El 18 de diciembre último, el Gobierno estableció a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia la “emergencia del sector energético nacional” hasta el 31 de diciembre de 2024, con el objetivo -según se precisó- de “establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios”.
En los considerandos, el decreto cuestiona “la ausencia de un esquema tarifario que brinde señales para un consumo eficiente y racional de energía para los distintos segmentos y tipos de usuario”.
La medida mantiene la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Enargas, los organismos encargados de la realización de las audiencias públicas, la definición de los cuadros tarifarios y el control de las empresas prestadoras.
Además, el decreto convoca a la realización de una Revisión Tarifaria Integral (RTI) para los servicios de luz y gas, que deberá completarse antes de fines de 2024.
Arceo explicó a Chequeado que la RTI es un procedimiento que debe realizarse cada 5 años, con el objetivo de “fijar el nivel de ingresos de las prestadoras para tener una ganancia adecuada y poder hacer inversiones”.
El especialista indicó que esta medida “se incumplió en los últimos gobiernos, y lo que se hizo a cambio fueron llamados de revisión tarifaria transitorias, que fijó ingresos para las distribuidoras por debajo del plan de inversiones”.
Los aumentos en los servicios de telecomunicaciones y de streaming
Las tarifas de internet y telefonía móvil no son reguladas por el Estado, por lo que las empresas pueden fijar libremente el precio del servicio.
En 2020, el Gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos) estableció a través de un DNU que el valor de los servicios de telecomunicaciones debía ser regulado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Sin embargo, la Justicia anuló esa decisión, por lo que actualmente no se encuentra en vigencia.
En este escenario, los servicios de telefonía celular y de internet aumentaron en enero entre un 15% y un 30%, según las compañías.
En el caso de los servicios de streaming, tampoco cuentan con una regulación específica del Gobierno, pero al tratarse de prestaciones brindadas mayormente por empresas extranjeras, sus costos dependen del dólar y los impuestos establecidos por el Gobierno para el acceso a la divisa.
De este modo, tras la devaluación del peso definida por el Banco Central el 13 de diciembre de 2023, muchos de estos servicios aumentaron, aunque el impacto de la duplicación del valor del dólar se vio amortiguado por una reducción en los impuestos (que en total pasaron del 154% al 59%).
De este modo, el servicio de Netflix premium actualmente cuesta $ 9.220, mientras que otra plataforma de streaming como HBO Max se ubica en torno a los $ 2.500 mensuales. En tanto, Spotify sale $ 952 al mes.
Otros servicios en dólares también tuvieron aumentos, como el caso de PlayStation Plus (actualmente el servicio base se ubica en $ 9.246); Photoshop ($ 2.680); Microsoft básico ($ 2.549) y Zoom Pro ($ 19.200).
Fuente: Chequeado
