El letrado consideró que las manifestaciones públicas de Espert constituyen «una clara instigación a cometer delitos, para el caso, homicidios desde el aparato represivo oficial del Estado».
«Ninguna duda cabe que ESPERT llamó a cometer homicidios con armas de fuego contra toda aquella persona que pudiere resultar sospechosa de tratar de cometer un delito, instigación que estuvo dirigida centralmente hacia las fuerzas policiales y de seguridad pero que abarcó también a la población en general, con lo cual afectó claramente el bien jurídico protegido por la figura penal que constituye la base normativa de esta denuncia, es decir, el orden público o, más exactamente en realidad, la ‘tranquilidad pública'», indicó Parrilli.
El denunciante solicitó que se juzgue a Espert por la comisión del delito de instigación pública a cometer delitos en el grado de autor, según los artículos 45 y 209 del Código Penal) y pidió la condena e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
