Luciano dijo además que las empresas cometen posible evasión fiscal, porque trabajan algunas sin el certificado de aptitud ambiental que es el “Permiso” que otorga la Secretaría de Ambiente y la Provincia sufre “pérdida de recursos recaudatorios genuinos”.
Luciano es abogado de la Cooperativa de agua potable de Ibicuy y realizó una presentación en forma personal ante la Justicia para denunciar lo que ocurre. “Ante la depredación de la zona, uno no puede quedarse callado”.
El 3 de diciembre de 2020, Ricardo José Luciano presentó un recurso de amparo informativo ante la justicia que tuvo un fallo favorable en primera instancia del juez subrogante de Villa Paranacito, Abel Alfredo Rodriguez.
La medida tenía como objetivo exigirle al gobierno de Entre Ríos los informes de impacto ambiental de las canteras y areneras ubicadas al sur de la provincia. El fallo fue confirmado por el Superior Tribunal de Justicia en enero de 2020 y el abogado de la cooperativa de Ibicuy finalmente pudo acceder a 33 expedientes que entregó la Secretaria de Ambiente del gobierno provincial, y Luciano pudo desmenuzar cada documento.
La arena entrerriana
El periodista Mempo Giardinelli ha explicado que “Entre Ríos es riquísima en arenas silíceas, consideradas como el «nuevo oro» de la minería mundial por su extraordinaria capacidad de auxiliar a la industria petrolera del llamado fracking, o fractura hidráulica, cuyo desarrollo en la comarca neuquina de Vaca Muerta es tan grande como desconocido para el público y que es una técnica de extracción de petróleo consistente en la realización de perforaciones para luego introducir en ellas y a presión millones de litros de agua con químicos y arena silícea. Ese compuesto agrieta las rocas subterráneas y, cuando el líquido escurre, esta arena mantiene abiertas las grietas y los fluidos brotan a la superficie”.
Agregó Giardinelli que “el mejor tipo de arena apta para esta técnica es la que se extrae en Entre Ríos. Y si Vaca Muerta alcanza el desarrollo planificado, va a necesitar unos 8 millones de toneladas por año”.
El doctor Luciano dijo que de las 33 empresas que extraen arena en la provincia, 5 se encuentran en Ibicuy, otras en Diamante y Victoria.
Precisó que para cubrir los 8 millones de toneladas, se necesitan 250 mil camiones con arena, y el 80 por ciento de ese total se extrae de Entre Ríos. “Es una arena muy fina, que no hay en muchos lados del mundo, antes se importaba esta arena”.
Agregó que “se produce en Chubut y en Entre Ríos. La base de Vaca Muerta está en Río Negro en la ciudad de Añelo y la arena llega en ferrocarril desde Entre Ríos. Desde Chubut, todo se hace por camión y tienen que recorrer 832 km hasta Añelo. Pero la arena de Entre Ríos puesta en Vaca Muerta, cuesta 40 dólares, y la arena de Chubut cuesta 140 dólares la tonelada, por eso todas las empresas apuntan sus cañones a Entre Ríos”.
El abogado dijo que en los expedientes “encontré contradicciones incluso en el impacto ambiental que fue aprobado por la secretaría de Ambiente, que debe dar la aprobación. Pero hay empresas que estarían mintiendo sobre su producción” datos que surgen de los mismos expediente de la Secretaría de Ambiente.
Mencionó asimismo el perjuicio al Acuífero Guaraní, que se provee de las lluvias, los ríos y los humedales. Dijo que una de las plantas “Yacimiento Arenero San Pedro” expediente N°2.247.440, según datos del mismo consumen del Acuífero 150.000.000 de litros de agua por mes el equivalente a una ciudad de 60.000 habitantes.
Luciano, habla de “incumplimiento agravado por tratarse de la salud de la población, pérdida de recursos recaudatorios genuinos y de la destrucción del ecosistema de la zona colindantes a las areneras humedales protegidos, librados a la acción totalmente irresponsable de las empresas, que actúan con la tolerante complicidad de los funcionarios, que deberían hacerles cumplir la Ley, y sin embargo son partícipes de su irrespeto, al avalar lo contrario”.
El abogado señaló que “la empresa “El Mangrullo” de YPF S.A. utiliza 100 kg diarios de Floculante SANUROIL 8040 que se tienen de sobra sospechas y hay estudios al respecto que es cancerígeno.
“Las empresas según la Ley de Minería tienen que entregar dentro de los 10 primeros días del mes declaración jurada de lo que extraen, arts. 25/26/27, sin ningún control in situ de La Secretaria Organismo de Aplicación, significando un posible perjuicio para el erario provincial”, indicó Luciano.
Agregó que “una muestra de que la secretaría no controla es lo que sucedió con una inspección solicitada por Carlos H. Cadoppi lindero a esa arenera que le inunda su campo desde hace años es que se determinó que está trabajando desde el año 2017 sin el Certificado de Aptitud Ambiental que otorga la Secretaría de Ambiente, ergo trabaja “Clandestinamente”, y para sorpresa de todos la Secretaría no la clausuró hasta que regularice su situación, estamos hablando de la arenera “La República” de Cristamine S.A.”.
