Teknofood. El gremio docente y los abogados que impulsan el amparo colectivo cuestionaron nuevamente el sistema centralizado de provisión de alimentos para los comedores escolares. Denunciaron posibles incumplimientos de la Ley de Etiquetado Frontal y reclamaron que se mantenga frenada la distribución de productos ultraprocesados.
Referentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), junto con abogados que participan del amparo colectivo contra el nuevo sistema de provisión alimentaria, brindaron este miércoles una conferencia de prensa en Paraná. El encuentro tuvo como eje el rechazo a la contratación de Teknofood SA para abastecer los comedores escolares de la provincia y la situación judicial que atraviesa la implementación del nuevo esquema.
La conferencia fue encabezada por el secretario general de Agmer, Abel Antivero, junto con los abogados Rubén Pagliotto y Verónica Fischbach y la representante de la Fundación Cauce, Valeria Enderle. Durante la exposición, Antivero vinculó directamente la calidad de la alimentación escolar con el derecho a la educación y sostuvo que el gremio interviene porque la nutrición forma parte de las condiciones necesarias para el aprendizaje.
Cuestionamientos a los productos de Teknofood
Antivero cuestionó que, según su planteo, no existe suficiente fundamentación técnica por parte del Gobierno respecto de la calidad de los productos que serán entregados en las escuelas. «En ningún momento se fundamentó lo que tiene que ver con la calidad de los productos. No son alimentos, sino productos», afirmó. También acusó al Gobierno provincial de utilizar la alimentación escolar como «una variable de ajuste».
El abogado Rubén Pagliotto concentró sus críticas en el presunto incumplimiento de la Ley de Etiquetado Frontal, Ley 27.642. Para ejemplificar su cuestionamiento, mencionó un budín que, según sostuvo, presenta cuatro octógonos de advertencia y afirmó que «supera en 300% el máximo permitido». También señaló que, de acuerdo con la evidencia científica que atribuyó a la Organización Mundial de la Salud y Unicef, la presencia de un solo sello de advertencia sería suficiente para impedir el ingreso del producto a los entornos escolares.
Denuncian productos con varios sellos
La abogada de Agmer, Verónica Fischbach, brindó detalles sobre el estado del amparo colectivo ambiental que tramita ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), luego de que el Ejecutivo provincial apelara la medida cautelar que había frenado la entrega de productos ultraprocesados en las escuelas.
Fischbach cuestionó el sustento probatorio presentado por el Estado y detalló los productos que, según afirmó, contienen sellos de advertencia: «Seis sellos tiene el budín, dos tienen las galletitas y dos tienen los cerealitos». De esta manera, el gremio volvió a sostener que los alimentos contemplados en el nuevo esquema no cumplirían con los requisitos establecidos por la normativa de etiquetado frontal.
También cuestionan la logística del nuevo sistema
Los cuestionamientos no se limitan a la composición nutricional de los productos. La seccional Uruguay de Agmer ya había advertido sobre aspectos vinculados a la logística de distribución. Según el planteo del gremio, el nuevo esquema contempla solamente seis entregas anuales, lo que obligaría a las escuelas a almacenar grandes cantidades de productos.
Agmer sostiene que numerosos establecimientos no cuentan con infraestructura suficiente ni condiciones adecuadas de conservación para acopiar esos volúmenes durante períodos prolongados. Según la organización, esta situación podría incrementar el riesgo de vencimiento de los productos.
El conflicto continúa en la Justicia
En el plano judicial, los representantes de los amparistas informaron que presentaron un planteo de nulidad ante el Superior Tribunal de Justicia. Argumentaron que, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 8369, las medidas cautelares dictadas en procesos de amparo son inapelables.
Además, señalaron que reservaron la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación o incluso a tribunales internacionales si el reclamo no obtiene una respuesta favorable en el ámbito provincial.
Los impulsores del amparo también informaron que ya cuentan con la adhesión de más de 400 personas y con el respaldo de la CTA, Ctera y gremios de distintas provincias. Quienes quieran incorporarse a la acción judicial tienen tiempo hasta este domingo, debido a que, al tratarse de una acción constitucional, los plazos continúan corriendo.
La definición sobre el planteo quedará ahora en manos de los nueve integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
Fuente: APF Digital
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